Los tratados internacionales de libre comercio contra la vida de los pueblos.

I.  La globalización como programa interno del ajuste contra el campo del trabajo.

¿De qué va la globalización como “programa”? Su objetivo, sin duda alguna, es deshacer, definitivamente, las aspiraciones sociales y jurídicas del Welfare State; segmentar más y más a la clase trabajadora, quebrar sus sindicatos nacionales; desintegrar toda posibilidad de relativa autonomía política para subsumir el espacio nacional de producción de valor a las empresas de capital tecnológicamente potenciadas que, a través de Tratados de Libre Comercio, han constituido el estado supra-nacional a su propia imagen y semejanza contra la política continental que, para los pueblos del Sur, volvió a postergarse con golpes institucionales (Brasil) o con victorias electorales legales que se vuelven ilegítimas con sistemáticas medidas de hambre y miseria (Argentina) Extirpar la política del alcance de los trabajadores, volviéndola estructuralmente inasequible, expulsándolos, nuevamente, de la ciudadela del estado. Macri en tanto restaurador es también un globalizador.

La quita de retenciones a los granos significó una transferencia de recursos de los trabajadores, por más de 120 millones de dólares, al sector agrario conducido por la Sociedad Rural Argentina, duplicando el monto total de los subsidios a los servicios públicos con el cual el peronismo impulsó, en tanto salario indirecto, el consumo doméstico del espacio nacional de valor, desacoplándolo, relativamente, de la competencia del mercado internacional del capital. Era la disputa por esa renta agraria “el eje de la unión” que conquistó el poder a finales del 2015, la que sedujo a la clase media con liberación del “cepo”, compra de dólares e importados, a la que muy cariñosamente besó con sucesivos inviernos y veranos de tarifazos. Un poco de memoria.

Una vez convocados al ejercicio de la administración del poder político, los radicales de la victoria del Congreso de Gualeguaychú confirman la condición profiláctica de la UCR en tanto contrato de tercerización política: “El PRO decía tener una plataforma completa, estudiada por expertos de la Fundación PENSAR, en cuyos archivos estaban redactados los decretos del primer semestre de gestión. Pudieron mostrárselos a los radicales para que acatasen ese programa. El radicalismo pudo pedir cargos de calidad más alta en el Gabinete. Empezando por la vicepresidencia, que resignó Sanz, quien también entregó, ganadas las elecciones, el Ministerio de Justicia, el más importante del orden institucional. El radicalismo pudo reclamar la Jefatura de Gabinete. Eso hubiera alisado el empedrado de 2016. También pudieron reclamarle la presidencia de alguna de las Cámaras y también Macri la hubiera cedido. Entre tener el gobierno y que dijeran que le entregaba el Gabinete a la vieja política, ¿qué hubiera elegido? Tener el gobierno. Eso lo lamentan hoy los radicales que cuando ven que en la foto del gobierno no figura ninguno de ellos”[1]  Para el Pro, en su núcleo puro, es una cuestión de reducirlos a escribas con maestría en derecho administrativo del Ejecutivo. Volvamos.

Un Estado que se achica, que reduce sus funciones, aunque duplique su “planta política”, en un sentido liberal, es, desde Adam Smith, un Estado Policía. Dicho sociológicamente: un estado que promueve el despliegue tecnológico de la sociedad de control sin otra ideología que la tecnología y la tecnología misma como la síntesis de toda “política social”. Basta transferir y dejar hacer a las provincias, jurisdicciones, municipalidades. Este federalismo para la deuda (local, provincial, nacional) lleva la “política del parche” al paroxismo. No a la “reforma pemanente”. Sino a la crisis permanente. Por lo tanto, a la anomia.

El Partido del Ballotaje, Cambiemos, permitirá, quizás como ningún otro, observar con mayor claridad una notable proliferación de procedimientos y mecanismo de control que son y serán correlativos al “aumento de la libertad del individuo”, a la retirada, tan eficaz como selectiva y políticamente facturable, de la política asistencialista-militante que la administración de CFK denominó “política pública de ampliación de derechos”. Es que el éxito de esa política corría simétrico a los límites y fracasos estructurales del proyecto nacional y popular para reconvertir las villas miserias en relación salarial; correlato económico pero necesario de una política sin sistema de partidos. La notable expansión del mercado inmobiliario, durante “la década ganada”, no era sino el reverso de la re-primarización exportadora, de la debilidad de la inversión reproductiva del capital, de la fuga del excedente y su acumulación financiera en el exterior[2]: el estado como aparato colonial se produce como importador de tecnología sobre la población nacional.

II.  Los tratados internacionales de libre comercio ceden soberanía y condenan al espacio nacional productivo al sub-desarrollo y a la innovación tecnológica externa.

En el anexo dedicado a las PYMES, el TPP[3] consagra al sistema de solución de controversias disponible sólo para las empresas multinacionales excluyendo de toda posibilidad de utilización a las empresas más pequeñas. La gran mayoría de las empresas de la región son PYMES. El derecho de utilización de este tribunal será pura y exclusivamente de las naciones más ricas y poderosas. ¿Y qué sucede si la legislación nacional o inclusive la Constitución de un país no se adapta o es contraria a estos acuerdos?

Existe una instancia final de revisión una vez que el acuerdo ha sido ratificado por el Congreso y está listo para entrar en vigor: el proceso de certificación. Éste es un sistema que contempla la ley estadounidense. El mismo determina que, llegada esta instancia, el Congreso de los Estados Unidos evaluará la legislación del país interesado y le dirá toda la normativa que debe modificar a fin de que sea acorde al tratado. Cabe destacar que estas modificaciones pueden requerir cambios en la Constitución Nacional “sugeridos” por el gobierno de los EE.UU.

El TISA, por ejemplo, es un acuerdo que mercantiliza todos los servicios. Abre la puerta a la inversión privada y obliga al Estado a dar acceso a los mercados no permitiendo ningún tipo de sistema cerrado o solidario que bloquee la capacidad operativa de las empresas. Para el TISA un servicio público es aquel que (a) no tiene competencia en el ámbito privado (excluyendo así a la salud, la educación, las telecomunicaciones, seguridad interna, etc.) y (b) no esté tarifado (excluyendo así los servicios de agua, luz, gas, transporte de pasajeros, etc.13) El único servicio público que cumple con la definición del TISA es el gasto militar y las fuerzas armadas, viendo así la clara intención de los países desarrollados de conservar la potestad de proteger sus fronteras.

TISA limita la capacidad de un Estado de brindar servicios públicos de calidad en regiones no rentables de la economía; cede los servicios al ámbito privado y utiliza la cláusula llamadas “de trinquete” que impiden que los mismos puedan volver a estatizarse en el futuro en caso de que las empresas privadas otorguen un servicio deficiente. Desprotege al ciudadano, clausura derechos humanos fundamentales.

Una República sin pueblo es un ente vacío, insustancial: es el esqueleto del terrorismo de estado retornando en la determinación del estado y en la construcción de una democracia como “política ficción” expulsando al pueblo de la constitución nacional y redefiniendo un “nosotros” como usuarios de plataformas mundiales donde se importan mercancías y se desorganiza la comunidad, la identidad y la pertenencia nacional.

Con la letra de estos tratados, el crecimiento (estadístico, de la ganancia empresarial de corto plazo) mata el desarrollo (su densidad tecnológica, institucional, productiva, científica) y la Nación se disuelve como experiencia política de los pueblos.

Es el triunfo último de La Gente[4].

III.  Conclusiones.

Debemos abordar, retomar, trabajar sobre la problemática sobre la integración de los pueblos, alrededor de la llamada unidad latinoamericana. La patria grande. Esta problemática puede ser pensada mediante dos series diferenciales, una metafísica y otra económica. La primera se pregunta por las condiciones de posibilidad de experiencia de un campo popular latinoamericano. Pasible de ser suficientemente demarcado en textos específicos. Por ejemplo: los escritos políticos de Juan Perón como “curso natural de la evolución social de los hombres y los pueblos”; el pensamiento político de José Martí como “voluntad de los pueblos americanos”; la reflexión sociológica de Arturo Jauretche como “pregunta por la pertenencia y por el propio lugar”; el pensamiento ontológico de Enrique Dussel como “establecimiento de una ética de la liberación”, la reflexión filosófico-política de Ernesto Laclau como “confluencia hegemónica a través de distintas lógicas”. Esta serie es una metafísica de la integración, busca la constitución de una experiencia colectiva para acceder a una conciencia histórica y a una pertenencia. La segunda aparece como un programa, con objetivos claros, abordado por la ciencia social una vez despejado e identificado el problema llamado dependencia.

Para la primera serie, en general, las soluciones que se han planteado y ensayado tienen que ver con una auto-educación de los pueblos para producir la conciencia de la integración, pertenencia e identidad. Una y otra vez esperamos que los pueblos iluminen un camino por sobre las ilusiones objetivas que el estado-nación ha construido en contra de ellos, es decir, legítimamente. Para la segunda serie, en general, las soluciones que sean han planteado, van de los diagnósticos hacia la política regional de desarrollo: hay que producir esa unidad regional (que aún no existe o no existe del todo) en el marco del comercio para afianzar aquella conciencia histórica latente (“somos los colonizados, ellos los colonizadores”) con la cual alcanzaremos una soberanía nacional, amenazada por la globalización, pero conquistada como efecto o resultado o sub-sistema de esa unidad mayor. Esto se lograría como resultado de una estabilidad u autonomía económica de la cual las partes carecen, justamente, por su dependencia. Pero ambas series son, en realidad, una sola serie: la defensa de un plan para producir una unidad mayor, una región, que incluya a las naciones sin destruirlas.

La constitución de unidades regionales en tanto comunidades políticas subsumen naciones y pueblos (Mercosur, Unión Europea) pero no destruyen la experiencia nacional a pesar del uso que de ellas hacen las empresas trasnacionales y el capital financiero. Los tratados globales, jurídicamente escritos para el dominio del capital trasnacional, en cambio, desintegran las experiencias nacionales, comunitarias, aplastando a los pueblos como mayorías amorfas del mercado mundial. De aquí que el gobierno de esas unidades regionales entren en crisis de representación cuando no resisten comunitariamente y se encaminan, a través de tratados internacionales como TPP o TISA, a ser pulverizadas como tales.

Hasta la fecha hemos fracasado en construir el concepto de continentalismo como experiencia regional y política de los pueblos. Urge no solo retomarlo, indagar las causas del fracaso, elaborarlo y producirlo en la práctica de nuestras instituciones y militancia… Apremia porque no es más ni menos que un programa de resistencia para iluminar la lucha y la persistencia del campo nacional y popular frente a esta agresión colonial contra los pueblos del sur. 

Provincia de Buenos Aires, 29 de junio de 2017

L.S.

[1] Ignacio Zuleta, Macri confidencial: Pactos, planes y amenazas, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Planeta, 2016; pág. 80.

[2] Hacemos referencia, obviamente, a la subsunción financiera del excedente nacional, a la compra y venta de empresas nacionales, al comportamiento típico-ideal del empresariado doméstico: vender, rajar, fugar. El plusvalor acumulado en el espacio nacional no se reinvierte para ampliar la escala de la producción, se vuelve timba, colocación exterior, construcción residencial suntuaria, o sale del circuito nacional, el estudio Ferreres calcula ese excedente en 350.000 millones. Y en las economías capitalistas, al contrario de lo que afirman los falsos keynesianos, la clave del desarrollo es la inversión reproductiva del capital; no el consumo. El consumo de los trabajadores empleados en el sector privado no es autónomo, depende del ciclo capitalista, la caída de la demanda desata la crisis y la recesión no proviene de la caída del consumo de los trabajadores, como tampoco la recuperación de la economía puede ocurrir por meros incrementos salariales o subas del gasto estatal —no hay, nunca hubo, modo de sostener indefinidamente la demanda mediante gasto estatal— sino de la decisión inversora de los capitalistas. Si éstos comienzan a invertir, entonces, el gasto volcado al mercado interno ha tenido éxito, y la economía se reactiva. Pero si el excedente financiado por el estado toma otro camino (por ejemplo, pagar deudas a los bancos) entonces la liquidez no reanima el ciclo de la acumulación y todo el terreno es déficit fiscal. El déficit fiscal, asimismo, se cubre con deuda o con emisión monetaria. Ambas opciones disminuyen la confianza de los empresarios, sea porque juzgan al ciclo como no sustentable, o porque condenan los impulsos inflacionarios como distorsivos y en sentido opuesto a la competitividad.

[3] Para más información: http://www.cadtm.org/spip.php?page=imprimer&id_article=13679

[4] Como mayoría amorfa, políticamente desorganizada, mera multitud sin conducción, explosiva y contra-democrática en sus efectos sociales.